El año que termina ha sido testigo de un retroceso sin precedentes en los derechos y conquistas sociales de la ciudadanía, acompañados por una espiral creciente de autoritarismo represivo en la calle y en el marco legislativo impropios de un estado de derecho.
La corrupción generalizada sin asunción de responsabilidad alguna, cuyo máximo exponente ha sido la contabilidad encubierta con la que el partido gobernante ha financiado su actividad durante décadas, unida a los crecientes recortes en todo lo público, particularmente en sectores intocables como educación, sanidad o pensiones, terminan de dibujar el año más negro que se recuerda desde la llamada transición democrática.
- La imposición de una ley educativa en solitario, con la oposición del resto de fuerzas políticas y sociales, y el rechazo en pleno de la comunidad educativa, donde padres, profesores y alumnos han manifestado reiteradamente la necesidad de un amplio consenso en esta materia.
- Las privatizaciones y recortes en la Sanidad Pública, que está siendo debilitada cuando no desmantelada como tal, cuando se pide al ciudadano que cofinancie algo que ya hace con sus impuestos, o que tenga que pagar tratamientos que alejarán la cobertura sanitaria universal, constitucionalmente reconocida, de las clases más desfavorecidas.
- La rotura del consenso en las pensiones, con nuevos métodos de cálculo en plazos e índices que se alejan del IPC, con la pérdida de poder adquisitivo subsiguiente.
- La profundización en una Reforma Laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, y precariza y empobrece cada vez más a la población, a la par que muestra su ineficacia para combatir el paro y dinamizar el empleo.
Este ataque a los pilares básicos de nuestro estado social, contra todo lo prometido en la campaña electoral, se une al enorme entramado de corrupción que el caso Bárcenas ha sacado a la luz, con sobresueldos no declarados, contabilidad paralela y financiación irregular, la escandalosa utilización de CajaMadrid puesta de manifiesto con el caso Blesa, el rechazo a una monarquía agotada, desprestigiada y salpicada igualmente por la corrupción, y tantos otros casos que han aumentado el clima de indignación y protesta en las calles.
- La Ley de Seguridad Ciudadana, verdadera Ley Mordaza que pretende acallar y dificultar las legítimas protestas ciudadanas, con derechos constitucionales que se ponen en entredicho con multas millonarias, nuevas figuras penales para intentar criminalizar las protestas, o conversión de vigilantes privados de seguridad en agentes de la autoridad.
- Una Ley del Aborto reaccionaria y regresiva, que limita derechos inalienables de la mujer de forma intolerable. Las recientes protestas #MiBomboEsMío y su injustificada represión convierten a Gallardón en el nuevo Torquemada de nuestro tiempo.
Las carencias de nuestro sistema de representatividad, que aleja la democracia real de los ciudadanos, sujetos cada 4 años a la entrega de un cheque en blanco sin resortes legales o democráticos que permitan reclamar el cumplimiento de lo acordado a cambio, y el alejamiento del sistema judicial del ciudadano de a pie, sujeto a intolerables tasas sobre su derecho a la justicia, convierten hoy más que nunca la lucha en las calles en necesaria, imprescindible, paralela a las iniciativas en el frente judicial, para construir desde abajo una nueva alternativa constituyente, verdaderamente social, solidaria y democrática, que termine al fin con este sistema agotado y corrupto.
No queremos más mafia, necesitamos aire fresco, necesitamos defender lo público, porque no es suyo, sino de todas.
Hoy más que nunca necesitamos una Democracia real YA!
